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ES UN MANDATO POPULAR

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11 de Enero del 2019

ESTACIÓN SUFRAGIO Adalberto Carvajal Que el Gobierno de la República concentre la seguridad no pone en riesgo al federalismo. A un mando centralizado responde la idea de una Guardia Nacional plasmada en la Constitución de 1917 (pero inoperante a falta de un reglamento). Y también la actual Policía Federal (PF). Como sabemos esta PF se integraría, junto a la Policía Militar (PM) y la Policía Naval (PN), a la nueva Guardia Nacional que entrará en funciones si se aprueba la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador. Tampoco atenta contra la soberanía de los estados de la república que el gobierno federal se reserve la facultad de decidir qué policías locales persisten y cuáles desaparecen, restando recursos financieros al respectivo municipio o entidad federativa. Dado el tamaño desmesurado de la delincuencia organizada en amplias regiones del país, dudo que haya un gobernador que pueda garantizar a la población de su estado un clima de paz y tranquilidad. Otra cosa es que los mandatarios locales se hayan acostumbrado a disponer discrecionalmente de los recursos federales para seguridad, tomándose la libertad de gastarlos en otros rubros. En ese sentido, impedir que los gobernadores sigan desviando el presupuesto para salud, educación y seguridad pública es uno de los mandatos que el pueblo le confirió a López Obrador el 1º de julio. ¿INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN? No obstante, el Ejecutivo colimense José Ignacio Peralta Sánchez, al participar el martes pasado en la audiencia pública sobre la Guardia Nacional a invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, subrayó que cambiar el texto constitucional en esa materia “puede dar lugar a numerosas controversias y se convierte en los hechos en un instrumento de intervención”. Para JIPS, la autonomía de estados y municipios se verá igualmente afectada si la Federación, merced de esa reforma constitucional, puede también restar a los gobiernos locales la facultad de reglamentar a las policías auxiliares, trasladando dicha función a la administración nacional. La reforma –citó Nacho Peralta– permitiría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el informe que remite al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, descontar del rubro de participaciones federales en el Ramo de Seguridad Pública, al gobierno de la entidad o del municipio respectivo, “el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la Federación a través del cuerpo seguridad respectivo”, si es que estas corporaciones de seguridad estatales y municipales son intervenidas e, incluso, desaparecidas para que la Federación se haga cargo de sus funciones. EL LOOK VIDEGARAY: Peralta Sánchez está irreconocible, por cierto, en su nuevo look de hermano gemelo de Luis Videgaray –como si los tecnócratas del depuesto régimen tuvieran necesidad de identificarse con algo más que recurrentes expresiones del tipo: “soy orgullosamente neoliberal”. Lo único que podemos decir los colimenses a nuestros funcionarios estatales es: lástima, tuvieron tiempo de completar el C-5 y no lo aprovecharon. La reforma, por lo demás, es un candado presupuestal para obligar a los gobernadores a colaborar en la estrategia nacional contra la inseguridad. La destacada intervención de JIPS como economista en la audiencia pública que correspondió a la Conago, rompió el esquema de los gobernadores que se oponen a la reforma porque implica dejar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que preocupa a nuestro mandatario es el dinero, no el mando. Y no tendría por qué ser de otra manera puesto que, en sus tres años de gobierno, ha tenido como secretario de Seguridad, así como al frente de la Policía Estatal y de la Academia de Policía, a ex militares o ex marinos que reglamentariamente responden al Ejército o a la Armada. No es lo mismo un ex militar que un militar en retiro. Y prácticamente ninguno (salvo José Francisco Gallardo, a quien le quitaron sus galones) de los que llegan a la edad del retiro con rango de coronel o general, y de capitán o almirante en la caso de la Secretaría de Marina, se puede considerar fuera de las fuerzas armadas. Aunque tengan un trabajo civil en labores policíacas o de inteligencia, esos oficiales retirados responden al código militar o naval so pena de perder su pensión, la atención médica y otras prestaciones. La prueba está en que llegan a esos cargos en los estados por recomendación del titular de la Sedena o la Semar. MANDO CIVIL O MILITAR: En cuanto a la estructura militar de la Guardia Nacional pero bajo un mando civil, hay mucha tela de dónde cortar. Es cierto, el consenso internacional aboga por la desmilitarización de las fuerzas del orden. Es verdad, el historial de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas contra la población que dicen proteger, es parte de la infame leyenda del militarismo en todo el mundo, especialmente en América Latina. Pero también es verdad que, al menos en México desde 1946, el comandante supremo de las fuerzas armadas ha sido un civil. Fueron civiles los que ordenaron masacres como la de Tlatelolco (Díaz Ordaz) o la de Tlatlaya (Peña Nieto). Civil era el presidente Echeverría que desató la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas, los que combatieron a los zapatistas de Chiapas (Salinas y Zedillo) o el que desató la guerra contra las drogas (Calderón). Desde antes de la Operación Cóndor (con López Portillo), al Ejército se le ha empleado en el combate al narcotráfico no obstante que, como bien dice un amigo, el arte del soldado es matar. En una época que en México eran normales la “ley fuga” y la tortura como método de indagación, a la autoridad ministerial no le preocupaba que el militar viera al delincuente como enemigo. A quienes debemos volver civilistas, entonces, es a los civiles que nos gobiernan. López Obrador lo es, pero reconozco que quienes se preguntan qué pasará en el siguiente sexenio tienen un punto. POLICÍAS Y SOLDADOS: Al margen de la Policía Federal y sus cuerpos, entre ellos la Gendarmería Nacional, la Guardia Nacional se integrará con las policías militar y naval que no son tropas ordinarias. Concebidas para mantener el orden dentro de los cuarteles e imponer la disciplina entre los miembros de las fuerzas armadas, los PM y PN han sido entrenados en tácticas de contraguerrilla, específicamente en zonas urbanas. Esto a diferencia de las tropas regulares que ganaron experiencia erradicando cultivos de mariguana o amapola. Al ser soldados con una capacitación superior, es más fácil que los PM y PN puedan complementar ese adiestramiento con técnicas de acción policial que consideran los derechos humanos. Frente a una estructura policiaca, una fuerza militarizada ofrece mayor disciplina, eficacia en la cadena de mando, un código de conducta más rígido y mayor facilidad para rotar al personal entre las diferentes partidas, desalentando la creación de intereses en las plazas o que resulten vulnerables por vínculos familiares. El eslabón débil de la Guardia Nacional es la Policía Federal, una de las corporaciones más corruptas del país como lo puede atestiguar cualquier conductor que en carretera haya sido sorprendido en una infracción al reglamento, impelido dar mordida en lugar de pagar la multa. Pero incluso en los destacamentos más viciados se ha comprobado que, cuando el jefe es duro, los agentes se comportan. SIEMPRE HA SIDO MILITAR: No es inédita la idea de una policía federal militarizada que retoma el nombre de Guardia Nacional, como se llamó a las milicias estatales que, bajo un mando federal, se fundaron en México en el siglo XIX durante la invasión norteamericana (curiosamente siguiendo el modelo de Estados Unidos que todavía está vigente), para ser desmanteladas sucesivamente por Santa Anna y luego por don Porfirio ya que podrían usarse como ejércitos al servicio de los gobernadores. López Obrador no inventa el hilo negro. Hay una secuencia y una continuidad: Peña Nieto creó en 2014 la Gendarmería Nacional, para darle un carácter militarizado a la Policía Federal creada por Calderón; y el panista estableció la PF a partir de la Policía Federal Preventiva, la misma que Zedillo había integrado con base en la Policía Federal de Caminos (y Puertos), la Policía Fiscal y la Policía de Migración. Lo que pocos mencionan es que si bien la PFC fue creada en 1931 por el presidente Abelardo L. Rodríguez, como agentes vigilantes de la Comisión Nacional de Caminos, en su gobierno el general Cárdenas los convirtió en una milicia auxiliar, 1ª Reserva del Ejército Mexicano. Es decir, don Lázaro militarizó a la Policía Federal en 1939. Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.

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