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Los especiales


Cuarto Informe

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08 de Octubre del 2019

Red Política Raúl Merced Lares Habría de reconocerse al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que, efectivamente, pese a las circunstancias difíciles que le ha tocado enfrentar en su administración, no se ha rendido; por el contrario, con habilidad e inteligencia ha impulsado el desarrollo del estado y continúa realizando acciones en beneficio de los colimenses. No lo dijo en su Cuarto Informe de Gobierno, pero Nacho Peralta se refirió a que su gobierno, como ha pasado con los anteriores gobiernos priístas en el estado, ha tenido que sortear dos situaciones adversas: las circunstancias políticas y la inseguridad causada por la delincuencia organizada. En lo político, el gobernador pudo obtener algunos apoyos del gobierno de EPN en 2016 y 2017, pero en 2018 éstos disminuyeron de manera importante por el cierre de la administración pasada, lo que provocó que se cancelaran o pospusieran proyectos económicos y sociales. Esta situación se agravó este año con las nuevas políticas del gobierno de López Obrador, ya que éstas se basan principalmente en eliminar programas o disminuir los recursos de otros que le han funcionado a los gobiernos priístas y panistas. Lo más cuestionable del gobierno izquierdista de Morena son los constantes recortes al presupuesto o de recursos a los estados que se tenían programados para rubros tan importantes como educación, salud y cultura. Se trata de una unilateral decisión con evidente criterio político que afecta y altera el desarrollo del estado y de la vida de los diversos sectores de la población. No obstante, el gobierno de Nacho Peralta ha sabido mejorar el bienestar de los colimenses, ya que en los últimos dos años disminuyó la pobreza en Colima, de tal manera que 13 mil colimotes salieron de la condición de pobreza, de acuerdo con el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por lo que se comprometió a seguir trabajando para disminuir aún más la pobreza en la entidad al ratificar que seguirá respaldando a los sectores vulnerables, estudiantes, personas adultas mayores, jefas de familia y población con discapacidad. Pero no sólo eso. En la parte de seguridad y confort para la población, en estos cuatro años se han recuperado más de 130 espacios públicos en los diez municipios, que incluyen parques, jardines, canchas deportivas, andadores, ciclovías, plazoletas y sitios de interés turístico y cultural, lo que representa la oportunidad de una mayor convivencia social. En la otra cara de esta moneda, la inseguridad pública, el actual gobierno priísta ha venido haciendo lo que le corresponde en cuanto a los delitos del fuero común, principalmente, ya que implementó una estrategia integral contra el robo en colonias conflictivas de la zona urbana de Colima y Villa de Álvarez y colocó botones de emergencia en el transporte público, además de contar con 825 cámaras de videovigilancia y 14 arcos urbanos y carreteros, así como seguir con la construcción del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i). En este sentido, hay que decir que la inseguridad en los estados, causada principalmente por la delincuencia organizada, no ha sido realmente combatida por el gobierno federal desde el 2016 en el gobierno de Enrique Peña Nieto y desde el uno de diciembre de 2018 en el gobierno de López Obrador. Tácitamente le dejaron a los estados esta responsabilidad que le toca esencialmente al gobierno federal y que no ha ejercido ni medianamente con sus cuerpos policiacos federales (antes Policía Federal y ahora Guardia Nacional), una vez que se limitó importantemente la participación de las fuerzas armadas en esta tarea. Lamentablemente, este panorama de inseguridad va a continuar y hasta se puede seguir agravando porque el gobierno de López Obrador “combate” este enorme problema con una Guardia Nacional sobre la cual se crearon falsas expectativas al grado de que la promovieron políticamente como el parteaguas en materia de seguridad, cuando es claro que este nuevo cuerpo policiaco utiliza sólo la táctica de tener presencia en las calles y otros espacios para proteger a la población de la guerra que sostienen las diferentes organizaciones delincuenciales, entre otras funciones. El gobierno de Peralta Sánchez ha tenido que padecer esta indolencia del gobierno federal, anterior y actual, aunque aquí la situación se agravó porque la guerra que sostienen dos organizaciones delincuenciales ha sido intensa y constante desde el 2016, aprovechando la salida de las fuerzas armadas. Por razones de seguridad para la propia población, ningún gobierno estatal puede intervenir en esta interminable disputa por la plaza sin la colaboración de las fuerzas armadas. En lo que sí puede hacerse más por parte de los gobiernos estatales es en el combate a los otros delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, la violación y el asalto, aunque en este combate faltaría una verdadera coordinación y, sobre todo, colaboración de la Guardia Nacional, porque estos delitos pueden estar siendo cometidos por los mismos integrantes de la delincuencia organizada. A pesar de las dificultades políticas y económico-financieras, me parece que el gobernador Ignacio Peralta ha cumplido en la parte del progreso y del bienestar de los colimenses, lo cual lo puede colocar en zona de aprobación social, aunque ha pegado más la inseguridad pública.



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