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Concluye el proceso de fiscalización 2017 de organismos de agua potable

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21 de Septiembre del 2018


El Congreso del Estado concluyó el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los organismos operadores de agua potable de los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Armería.



El Congreso del Estado concluyó el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los 
organismos operadores de agua potable de los municipios de Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Armería.

Las cuentas públicas de los cinco entes fiscalizados tuvieron 
observaciones en materia de responsabilidades, según se desprende de los 
dictámenes elaborados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.

Al evaluar la gestión financiera de los cinco organismos operadores del 
servicio de agua potable, los informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental, señalan que 121 observaciones no fueron 
solventadas.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de  Comala 
sumó 13 observaciones sin solventar; la de Coquimatlán, 38; Cuauhtémoc, 
24; Ixtlahuacán, 19, y Armería, 27.

Al igual que con las cuentas públicas de los municipios y los poderes 
Judicial y Legislativo, en las de los organismos de agua potable  el 
Osafig determinó que en general, y respecto de las muestras auditadas, 
los entes fiscalizados cumplieron con las disposiciones normativas 
aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no 
solventadas.

Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su 
solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas 
irregularidades podrán ser acreedores a sanciones administrativas.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Estado de Colima, las 
faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el 
Osafig y los órganos internos de control y serán resueltas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En tanto, las faltas y las sanciones administrativas no graves 
corresponderá investigarlas a los órganos internos de control.


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