Hablar de juventud en México es hablar de un sector que enfrenta enormes dificultades para trazar un proyecto de vida estable. Los retos no solo se reducen a conseguir un empleo bien remunerado, sino a garantizar condiciones mínimas de desarrollo. Entre esos desafíos destaca uno que se ha vuelto central: el acceso a una vivienda.

La generación actual enfrenta un mercado inmobiliario fuera de control. Comprar un terreno o una casa se ha convertido en un privilegio. Según cifras del INEGI, el promedio de edad para adquirir una vivienda en México ya rebasa los 35 años, mientras que en países como Canadá o España, aún con sus propias crisis, este promedio se ubica alrededor de los 28 a 30 años. El motivo es claro: los ingresos de los jóvenes en México son insuficientes para enfrentar el alza constante de los precios de la tierra.

Las prácticas del capital han impuesto condiciones desiguales en las principales ciudades del país. Constructoras, desarrolladores y autoridades locales operan bajo una lógica especulativa que dispara el precio del suelo urbano y expulsa a miles de familias a la renta de departamentos o casas cada vez más impagables. En esa dinámica, las y los jóvenes quedan atrapados entre la renta (cada vez más cara, hago énfasis) y la imposibilidad de financiar un patrimonio propio.

El pensamiento estructurado anteriormente de “estudia para que tengas tu propia casa” ha quedado deteriorado. Ya no sirve de nada trabajar “de sol a sol” o tan siquiera la desfachatez de confirmar que “el pobre es pobre porque quiere” La realidad sobre la desigualdad inmobiliaria está presente; la tenemos a un lado de nosotros, respirándonos en la nuca.

La vivienda, que debería ser un derecho constitucional garantizado por el Estado, se ha convertido en una mercancía inaccesible. La Encuesta Nacional de Juventud señala que más del 60% de los jóvenes considera que nunca podrá comprar una casa, mientras que cerca del 70% vive con sus padres más allá de los 25 años. Esto no solo impacta en la economía familiar, sino en el desarrollo social: se pospone la independencia, se retrasan proyectos de vida y se amplía la brecha generacional en torno al patrimonio.

El Gobierno Federal ha anunciado en distintas ocasiones programas para atender el problema. La idea de generar bancos de suelo y proyectos habitacionales de bajo costo ha estado sobre la mesa; sin embargo, hasta ahora los resultados son limitados. Buena parte de estos planes quedan atrapados en trámites burocráticos, presupuestos insuficientes o diseños que no consideran la realidad de las juventudes, quienes no pueden esperar décadas, (sí, décadas) para aspirar a una casa propia.

En Colima, la experiencia muestra que hay alternativas. Desde hace años, el Partido del Trabajo impulsa el programa Solicitantes de Vivienda Tierra y Libertad (SOLVITYL), que permite a grupos organizados adquirir terrenos amplios, fraccionarlos y gestionar su municipalización. No es un proyecto improvisado: ha beneficiado a cientos de familias y ha consolidado colonias completas con servicios básicos y certeza legal.

Con sus estatutos de organizar al pueblo a través de sus Organismos de Base, hoy buscan abrir una nueva etapa de este programa, dirigida específicamente a las y los jóvenes. La propuesta responde a una de las principales demandas de esta generación: acceder a un patrimonio sin depender de la especulación inmobiliaria. No se ve que sea una estrategia electoral, se trata de una línea que el partido ha mantenido como parte de sus principios fundacionales: acompañar las causas populares y garantizar que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho.

ACLARO: esto no significa desconocer los esfuerzos del Gobierno Federal, pero sí subrayar que hay diferencias sustantivas. Y en este caso, los hechos hablan más que las palabras: SOLVITYL ha beneficiado a más familias, ha consolidado colonias completas y hoy abre la puerta para que miles de aspirantes juveniles puedan ver posible el sueño de un hogar propio.

La política mexicana está plagada de programas que nacen en campaña y mueren después de la elección. Son proyectos pensados para atraer votos, no para resolver problemas estructurales. El valor de iniciativas como la del PT radica en que no buscan ser un “gancho electoral”, sino una estrategia duradera que transforma realidades.

El desafío de la vivienda no se resolverá de un día para otro. Pero sí es posible construir caminos más justos, donde el acceso al suelo y a una casa propia no sea privilegio de unos cuantos. La juventud mexicana merece un horizonte distinto, uno donde el esfuerzo y la organización puedan vencer a la especulación y al negocio de unos pocos.

Colima puede convertirse en un referente nacional si este programa logra consolidarse en esta etapa. Si a estos esfuerzos se sumaran de manera corresponsable los municipios y gobiernos en turno con el PT, sería la muestra de que cuando la política se entiende como servicio y no como botín, es posible devolver la esperanza y, sobre todo, garantizar que todas y todos tengan no solo un presente digno, sino también un futuro con cimientos firmes. 

"> Hablar de juventud en México es hablar de un sector que enfrenta enormes dificultades para trazar un proyecto de vida estable. Los retos no solo se reducen a conseguir un empleo bien remunerado, sino a garantizar condiciones mínimas de desarrollo. Entre esos desafíos destaca uno que se ha vuelto central: el acceso a una vivienda.

La generación actual enfrenta un mercado inmobiliario fuera de control. Comprar un terreno o una casa se ha convertido en un privilegio. Según cifras del INEGI, el promedio de edad para adquirir una vivienda en México ya rebasa los 35 años, mientras que en países como Canadá o España, aún con sus propias crisis, este promedio se ubica alrededor de los 28 a 30 años. El motivo es claro: los ingresos de los jóvenes en México son insuficientes para enfrentar el alza constante de los precios de la tierra.

Las prácticas del capital han impuesto condiciones desiguales en las principales ciudades del país. Constructoras, desarrolladores y autoridades locales operan bajo una lógica especulativa que dispara el precio del suelo urbano y expulsa a miles de familias a la renta de departamentos o casas cada vez más impagables. En esa dinámica, las y los jóvenes quedan atrapados entre la renta (cada vez más cara, hago énfasis) y la imposibilidad de financiar un patrimonio propio.

El pensamiento estructurado anteriormente de “estudia para que tengas tu propia casa” ha quedado deteriorado. Ya no sirve de nada trabajar “de sol a sol” o tan siquiera la desfachatez de confirmar que “el pobre es pobre porque quiere” La realidad sobre la desigualdad inmobiliaria está presente; la tenemos a un lado de nosotros, respirándonos en la nuca.

La vivienda, que debería ser un derecho constitucional garantizado por el Estado, se ha convertido en una mercancía inaccesible. La Encuesta Nacional de Juventud señala que más del 60% de los jóvenes considera que nunca podrá comprar una casa, mientras que cerca del 70% vive con sus padres más allá de los 25 años. Esto no solo impacta en la economía familiar, sino en el desarrollo social: se pospone la independencia, se retrasan proyectos de vida y se amplía la brecha generacional en torno al patrimonio.

El Gobierno Federal ha anunciado en distintas ocasiones programas para atender el problema. La idea de generar bancos de suelo y proyectos habitacionales de bajo costo ha estado sobre la mesa; sin embargo, hasta ahora los resultados son limitados. Buena parte de estos planes quedan atrapados en trámites burocráticos, presupuestos insuficientes o diseños que no consideran la realidad de las juventudes, quienes no pueden esperar décadas, (sí, décadas) para aspirar a una casa propia.

En Colima, la experiencia muestra que hay alternativas. Desde hace años, el Partido del Trabajo impulsa el programa Solicitantes de Vivienda Tierra y Libertad (SOLVITYL), que permite a grupos organizados adquirir terrenos amplios, fraccionarlos y gestionar su municipalización. No es un proyecto improvisado: ha beneficiado a cientos de familias y ha consolidado colonias completas con servicios básicos y certeza legal.

Con sus estatutos de organizar al pueblo a través de sus Organismos de Base, hoy buscan abrir una nueva etapa de este programa, dirigida específicamente a las y los jóvenes. La propuesta responde a una de las principales demandas de esta generación: acceder a un patrimonio sin depender de la especulación inmobiliaria. No se ve que sea una estrategia electoral, se trata de una línea que el partido ha mantenido como parte de sus principios fundacionales: acompañar las causas populares y garantizar que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho.

ACLARO: esto no significa desconocer los esfuerzos del Gobierno Federal, pero sí subrayar que hay diferencias sustantivas. Y en este caso, los hechos hablan más que las palabras: SOLVITYL ha beneficiado a más familias, ha consolidado colonias completas y hoy abre la puerta para que miles de aspirantes juveniles puedan ver posible el sueño de un hogar propio.

La política mexicana está plagada de programas que nacen en campaña y mueren después de la elección. Son proyectos pensados para atraer votos, no para resolver problemas estructurales. El valor de iniciativas como la del PT radica en que no buscan ser un “gancho electoral”, sino una estrategia duradera que transforma realidades.

El desafío de la vivienda no se resolverá de un día para otro. Pero sí es posible construir caminos más justos, donde el acceso al suelo y a una casa propia no sea privilegio de unos cuantos. La juventud mexicana merece un horizonte distinto, uno donde el esfuerzo y la organización puedan vencer a la especulación y al negocio de unos pocos.

Colima puede convertirse en un referente nacional si este programa logra consolidarse en esta etapa. Si a estos esfuerzos se sumaran de manera corresponsable los municipios y gobiernos en turno con el PT, sería la muestra de que cuando la política se entiende como servicio y no como botín, es posible devolver la esperanza y, sobre todo, garantizar que todas y todos tengan no solo un presente digno, sino también un futuro con cimientos firmes. 

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La esperanza de pisar suelo propio: SOLVITYL

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21 de Agosto del 2025

Hablar de juventud en México es hablar de un sector que enfrenta enormes dificultades para trazar un proyecto de vida estable. Los retos no solo se reducen a conseguir un empleo bien remunerado, sino a garantizar condiciones mínimas de desarrollo. Entre esos desafíos destaca uno que se ha vuelto central: el acceso a una vivienda.

La generación actual enfrenta un mercado inmobiliario fuera de control. Comprar un terreno o una casa se ha convertido en un privilegio. Según cifras del INEGI, el promedio de edad para adquirir una vivienda en México ya rebasa los 35 años, mientras que en países como Canadá o España, aún con sus propias crisis, este promedio se ubica alrededor de los 28 a 30 años. El motivo es claro: los ingresos de los jóvenes en México son insuficientes para enfrentar el alza constante de los precios de la tierra.

Las prácticas del capital han impuesto condiciones desiguales en las principales ciudades del país. Constructoras, desarrolladores y autoridades locales operan bajo una lógica especulativa que dispara el precio del suelo urbano y expulsa a miles de familias a la renta de departamentos o casas cada vez más impagables. En esa dinámica, las y los jóvenes quedan atrapados entre la renta (cada vez más cara, hago énfasis) y la imposibilidad de financiar un patrimonio propio.

El pensamiento estructurado anteriormente de “estudia para que tengas tu propia casa” ha quedado deteriorado. Ya no sirve de nada trabajar “de sol a sol” o tan siquiera la desfachatez de confirmar que “el pobre es pobre porque quiere” La realidad sobre la desigualdad inmobiliaria está presente; la tenemos a un lado de nosotros, respirándonos en la nuca.

La vivienda, que debería ser un derecho constitucional garantizado por el Estado, se ha convertido en una mercancía inaccesible. La Encuesta Nacional de Juventud señala que más del 60% de los jóvenes considera que nunca podrá comprar una casa, mientras que cerca del 70% vive con sus padres más allá de los 25 años. Esto no solo impacta en la economía familiar, sino en el desarrollo social: se pospone la independencia, se retrasan proyectos de vida y se amplía la brecha generacional en torno al patrimonio.

El Gobierno Federal ha anunciado en distintas ocasiones programas para atender el problema. La idea de generar bancos de suelo y proyectos habitacionales de bajo costo ha estado sobre la mesa; sin embargo, hasta ahora los resultados son limitados. Buena parte de estos planes quedan atrapados en trámites burocráticos, presupuestos insuficientes o diseños que no consideran la realidad de las juventudes, quienes no pueden esperar décadas, (sí, décadas) para aspirar a una casa propia.

En Colima, la experiencia muestra que hay alternativas. Desde hace años, el Partido del Trabajo impulsa el programa Solicitantes de Vivienda Tierra y Libertad (SOLVITYL), que permite a grupos organizados adquirir terrenos amplios, fraccionarlos y gestionar su municipalización. No es un proyecto improvisado: ha beneficiado a cientos de familias y ha consolidado colonias completas con servicios básicos y certeza legal.

Con sus estatutos de organizar al pueblo a través de sus Organismos de Base, hoy buscan abrir una nueva etapa de este programa, dirigida específicamente a las y los jóvenes. La propuesta responde a una de las principales demandas de esta generación: acceder a un patrimonio sin depender de la especulación inmobiliaria. No se ve que sea una estrategia electoral, se trata de una línea que el partido ha mantenido como parte de sus principios fundacionales: acompañar las causas populares y garantizar que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho.

ACLARO: esto no significa desconocer los esfuerzos del Gobierno Federal, pero sí subrayar que hay diferencias sustantivas. Y en este caso, los hechos hablan más que las palabras: SOLVITYL ha beneficiado a más familias, ha consolidado colonias completas y hoy abre la puerta para que miles de aspirantes juveniles puedan ver posible el sueño de un hogar propio.

La política mexicana está plagada de programas que nacen en campaña y mueren después de la elección. Son proyectos pensados para atraer votos, no para resolver problemas estructurales. El valor de iniciativas como la del PT radica en que no buscan ser un “gancho electoral”, sino una estrategia duradera que transforma realidades.

El desafío de la vivienda no se resolverá de un día para otro. Pero sí es posible construir caminos más justos, donde el acceso al suelo y a una casa propia no sea privilegio de unos cuantos. La juventud mexicana merece un horizonte distinto, uno donde el esfuerzo y la organización puedan vencer a la especulación y al negocio de unos pocos.

Colima puede convertirse en un referente nacional si este programa logra consolidarse en esta etapa. Si a estos esfuerzos se sumaran de manera corresponsable los municipios y gobiernos en turno con el PT, sería la muestra de que cuando la política se entiende como servicio y no como botín, es posible devolver la esperanza y, sobre todo, garantizar que todas y todos tengan no solo un presente digno, sino también un futuro con cimientos firmes. 

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