La llamada “captura” de Nicolás Maduro no pertenece al orden de la justicia, sino al de la representación. Es, ante todo, un show mediático. Un acto performativo en el sentido más estricto: no busca producir un hecho, sino instalar un significado. En política internacional, como advirtió Hannah Arendt, el poder no se ejerce únicamente mediante la fuerza, sino mediante la administración de relatos. Estados Unidos no necesitaba detener a Maduro; necesitaba nombrarlo. Convertirlo en signo: terrorista, narco y amenaza mundial. Una vez fijada esa etiqueta, la violencia deja de ser lo que es y se transforma en deber moral.

Esta lógica responde a lo que puede llamarse razón imperial: una forma de racionalidad que se concibe a sí misma como universal y, por lo tanto, se arroga el derecho de juzgar, castigar e intervenir. El mecanismo es simple y eficaz: el lenguaje no describe la realidad; la produce. Al declarar a un Estado como criminal, se le despoja de su condición política y se le reduce a un objeto policial. Cuando el otro ha sido previamente deshumanizado por el discurso, la soberanía deja de ser un límite.

Es necesario introducir aquí un deslinde en el que el pensamiento serio no puede omitirse: criticar la acción de Estados Unidos no equivale a defender al gobierno de Nicolás Maduro. Esta no es una discusión sobre la calidad moral, democrática o administrativa del régimen venezolano. Es una discusión sobre principios. Un acto injusto no se vuelve justo por ejecutarse contra un gobierno cuestionable. Además, se nos empuja deliberadamente a una falsa elección: o se está con Estados Unidos, o se está con la dictadura. Ese chantaje binario cancela toda crítica estructural. El poder siempre ha necesitado esa trampa: si no aplaudes, eres cómplice.

El trasfondo de esta operación es claro: la construcción del enemigo funcional. Estados Unidos ha ampliado el campo del mal, (antes comunista, hoy terrorista o narcotraficante) para disponer de una categoría flexible que le permita intervenir donde convenga. No se trata de erradicar el narcotráfico, sino de administrarlo geopolíticamente. Es claro que para el gobierno estadounidense, la droga no debe desaparecer; debe circular lejos. El caos no debe eliminarse; debe externalizarse. América Latina vuelve a ocupar su papel histórico: espacio de contención, patio trasero y territorio sacrificable.

La contradicción es evidente y políticamente cínica: el mayor consumidor de narcóticos del mundo es Estados Unidos. Si el problema fuera moral, el combate comenzaría desde casa. Bastaría con cerrar aduanas, intervenir el sistema financiero y asumir la responsabilidad de la demanda. No se hace porque el narcotráfico no es un error del sistema; es una de sus funciones. Como toda economía criminal de gran escala, requiere complicidades estatales, bancarias y logísticas. El poder que el gobierno de Trump acusa es el mismo que él permite.

La doble moral se vuelve obscena cuando se observa la selectividad del discurso. Un Estado que presume capacidades de inteligencia suficientes para “capturar” a un presidente extranjero no ha sido capaz de esclarecer el caso Jeffrey Epstein. Un poder que se proclama enemigo del crimen organizado, pero cuya historia, (basta recordar Irán) muestra una relación estructural entre inteligencia, financiamiento ilegal y control político. La pregunta ya no es provocadora, sino inevitable: ¿y si el mayor cártel no opera contra el Estado, sino desde el Estado?

A esto se suma una acusación particularmente cínica: señalar al gobierno de México, Venezuela y Colombia por supuesta infiltración del crimen organizado en sus gabinetes, como si Estados Unidos estuviera exento de ese fenómeno. El propio país estadounidense cuenta con un complejo aparato de inteligencia, (la CIA) y una agencia antidrogas, (la DEA) que no solo han fracasado en erradicar a los cárteles internos, sino que han sido señalados reiteradamente por administrar, infiltrar o tolerar su operación. Porque sí, Estados Unidos también tiene cárteles: más de un centenar de organizaciones criminales activas que operan, lavan dinero y distribuyen drogas dentro de su territorio. La diferencia no es moral, es narrativa: allá se les llama organizaciones criminales; aquí se les denomina como narcoestado.

La historia confirma el patrón material detrás de los discursos morales. Irán en 1953, Guatemala en 1954, Chile en 1973, Panamá en 1989, Irak en 2003, Libia en 2011. En cada caso, el argumento fue distinto; el resultado es el mismo. Cambia el enemigo, (ya sea comunismo, dictadura o terrorismo) pero no el botín. El lenguaje se adapta a la época; el interés permanece.

Basta compararlo con Corea del Norte. Un régimen autoritario, sin libertades políticas, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Por qué no intervenir? ¿Por qué no hablar de liberación y democracia? La respuesta es simple y brutal: Corea del Norte no posee recursos estratégicos que justifiquen la intervención. Cuando no hay petróleo, oro o rutas comerciales, la indignación se diluye. La democracia, entendida desde esta lógica, no es un principio: es una mercancía.

Este mecanismo revela la función real de la propaganda contemporánea: no informar, sino disciplinar la percepción. El cine, televisión y redes sociales repiten una pedagogía elemental: Estados Unidos salva, el otro amenaza. Toda crítica se traduce automáticamente como traición. El lenguaje deja de ser una herramienta de comprensión y se convierte en arma simbólica.

La intimidación reciente hacia México y Colombia no es un exceso verbal; es una advertencia estratégica. Conviene decirlo sin rodeos: México no es un narcoestado. Esa categoría no describe una realidad empírica; construye una excusa política. Quienes la repiten, dentro o fuera del país, no están analizando un problema complejo: están habilitando una intervención futura.

El problema no está al sur del Río Bravo. Está en un sistema que consume, lava dinero, arma conflictos y luego acusa, (recordando la operación “Rápidos y Furiosos”) Estados Unidos no actúa como garante del orden internacional, sino como una potencia que necesita enemigas y enemigos permanentes para justificarse. Mientras ese mecanismo no sea desmontado, la violencia seguirá presentándose como virtud.

Porque cuando el discurso se impone sin crítica, la invasión deja de parecer invasión. Y entonces, como siempre, el saqueo adopta el lenguaje de la libertad. Y para cerrar, quiero hacer dos citas. La primera es sobre el gran analista político Alfredo Jalife-Rahme: “para analizar la política nacional, necesitas ser experto en política mundial” Y la segunda al ex presidente Andrés Manuel López Obrador: “Pobre de México: tan lejos de dios, y tan cerca de Estados Unidos”