El pasado mes de diciembre, los ayuntamientos de Comala y Colima capital cerraron el año en el ojo del huracán, al evidenciar una preocupante falta de liquidez para cumplir con compromisos básicos de fin de año con sus trabajadores, sin contar los adeudos pendientes con proveedores que también sostienen la operación municipal.

Este tipo de escenarios no deberían sorprender, pero sí indignar. Los recursos destinados a salarios, prestaciones y obligaciones laborales ya están contemplados en los presupuestos anuales, por lo que la incapacidad para cubrirlos no puede explicarse sino por una deficiente planeación y una mala administración financiera. Cuando las cuentas se llevan con rigor, estos problemas simplemente no ocurren.

Lo más grave es que estas crisis se repiten cada cierre de año, como si se tratara de un fenómeno inevitable, cuando en realidad son consecuencia de decisiones equivocadas, gastos mal priorizados y falta de control interno. La administración pública no puede operar bajo una lógica de emergencia permanente ni desde la improvisación.

Hoy, al iniciar 2026, es imperativo que las autoridades municipales actúen con orden, disciplina y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Nadie espera milagros financieros, pero sí una gestión que evite espectáculos lamentables de última hora, con gobiernos actuando como hormigas en quemazón, buscando de dónde pellizcar, a quién pedir ayuda o qué vender para cumplir con lo que debió estar garantizado desde el primer día del año.

La ruta es clara: priorizar lo esencial, eliminar gastos superfluos que no generan beneficio social ni administrativo y ejercer el presupuesto con visión y control. Más aún si quienes hoy gobiernan aspiran a mantenerse en la vida política.

Porque persistir en esta dinámica no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que confirma una realidad incómoda: no todos tienen lo que se necesita para administrar lo público con seriedad, planeación y capacidad.