El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para clasificar a los cárteles mexicanos, al grupo criminal Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas. Con esta medida, estos grupos criminales pasarán a formar parte de una lista que incluye a organizaciones como el Estado Islámico y Al-Qaeda, lo que implica una serie de sanciones y restricciones para los ciudadanos y empresas estadounidenses que tengan cualquier tipo de vínculo con ellos.

La orden ejecutiva establece que cualquier apoyo material hacia estos grupos, ya sea financiero, logístico o de cualquier otra índole, estará prohibido para los ciudadanos y empresas estadounidenses. En su discurso tras firmar el decreto en el Despacho Oval, Trump expresó que, aunque México probablemente no está de acuerdo con la medida, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses son su prioridad.

“México probablemente no quiere esto”, comentó Trump, al ser cuestionado sobre las reacciones de las autoridades mexicanas. Sin embargo, el mandatario no descartó la posibilidad de que esta medida implique una mayor intervención en territorio mexicano. "Podría pasar, han pasado cosas más extrañas", agregó Trump, en relación con las acciones militares previas de Estados Unidos.

La medida también apunta específicamente al Tren de Aragua, un grupo criminal con presencia en varias naciones de América Latina. Durante su campaña presidencial, Trump había mencionado al Tren de Aragua en múltiples ocasiones, vinculando al grupo con migrantes venezolanos, lo que generó críticas por su estigmatización.

Según un funcionario del equipo de transición de Trump, el gobierno estadounidense también ordenará la deportación de aquellos que sean considerados miembros de la banda, lo que podría tener implicaciones directas en los migrantes que se encuentren en territorio estadounidense y que estén ligados a esta organización.

La clasificación de estos grupos como organizaciones terroristas es una medida que ha generado controversia y que podría tener efectos complejos en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, así como en la política migratoria y de seguridad en ambos países.

Con esta acción, la administración Trump refuerza su estrategia contra el crimen organizado transnacional, pero la medida también plantea interrogantes sobre la soberanía de México y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.