Para poner en marcha las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, este miércoles fueron presentadas las principales acciones de ejecución, los plazos estimados e instituciones participantes.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender este tema como una prioridad de su gobierno.

Acciones:

1. Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, que deberá publicarse a más tardar el 15 de octubre de 2025.

2. Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) para integrar planes de seguridad en las búsquedas y mecanismos de protección para las familias.

3. Puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.

4. Uso de datos biométricos e imágenes satelitales en las búsquedas.

5. Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses.

6. Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

7. Atención al rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.

8. Atención integral a hijas e hijos de personas desaparecidas.

9. Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.

10. Armonización de las leyes locales con la Ley General.

Estas acciones fueron construidas con la participación de más de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas. En total, se recabaron 570 propuestas legislativas y de política pública relacionadas con cinco ejes de trabajo: búsqueda y seguridad; identificación humana forense; bases de datos y sistemas de información; bienestar; y prevención. También se contempla la sensibilización de la población para prevenir factores de riesgo.

“Por eso, no basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado, así como en la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia”, aseguró la secretaria de Gobernación.

Las mesas de diálogo han contado con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, entre ellas: el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo); la Fiscalía General de la República (FGR); la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Comisión Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

La funcionaria federal estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR, Sara Irene Herrerías; el director general del Renapo, Arturo Arce; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso.